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Aquí os dejo un interesante artículo de Juan Carlos Julian publicado en la revista Alcer nº167.
La detección de la enfermedad renal crónica avanzada supone un alto impacto emocional no sólo para el paciente afectado sino también para en su entorno familiar y social. Las asociaciones de pacientes conocemos muy bien que ese impacto origina a su vez
una serie de desajustes en la vida social y laboral del paciente, que por primera se han cuantificado y que determinan hasta qué punto las diferentes opciones de tratamiento renal sustitutivo intervienen y cuál es su peso económico.
Todos sabemos que la mejor opción hoy en día de tratamiento renal sustitutivo (TRS) es el trasplante y que su eficiencia es también la mayor. También intuimos que el coste social de
esta opción es el menor, pero también es cierto que la mayoría de los pacientes incidentes (los que entran cada año en TRS) no pueden optar a éste por motivos exclusivamente clínicos
(contraindicaciones médicas).
En estos tiempos de crisis es habitual que se pongan sobre la mesa los costes sanitarios de los tratamientos y la manera de hacer sostenible la atención al paciente crónico con una adecuada calidad en el mismo, pero no se determinan habitualmente los costes sociales que tiene el tratamiento y la manera de optimizarlos. La tendencia de las administraciones sanitarias ha sido recortar los costes más evidentes, comprometiendo la calidad de los
tratamientos en el futuro. Sin embargo no se tienen en cuenta determinados aspectos de coste social que pueden determinar una sostenibilidad en el futuro. La rehabilitación laboral es un apartado que se nos antoja fundamental en este momento. Determinar qué opciones predisponen a una mejor rehabilitación laboral del paciente renal crónico, qué factores influyen
en el mantenimiento de un puesto de trabajo en el inicio en diálisis o trasplante y cuantificar el coste que supone para el sistema público la pérdida de productividad laboral (CPPL) o los
años de vida laboral potencialmente perdidos hasta la jubilación (AVLP), son variables que hemos estudiado en un reciente estudio de nuestra Fundación Renal ALCER y que han sido publicados en la Revista de la Sociedad Española de Nefrología (Volumen 33, nº 3, 2013).
El objetivo fue comparar los costes indirectospor morbilidad en TRS: hemodiálisis (HD) en centro especializado, diálisis peritoneal automatizada (DPA), diálisis peritoneal manual (DPCA) y trasplante renal (TX). Para estimar los costes se utilizó la encuesta realizada
por nuestra Fundación acerca de las situación laboral de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo y publicada también en la Revista de Nefrología (Volumen 32, nº 4, 2012).
No se encontraron diferencias significativas en edad o sexo entre grupos. El CPPL (2009) en HD (6.547 €) fue significativamente mayor (p < 0,001) que en TX (5.079 € )o DPA (4.359 € ),
pero no que en DPCA (5.785 €). Los AVLP fueron: HD 12,58 años; TX 10,05 Las partidas medias del CPPL total también fueron más altas en la HD que en el TX, la DPA o la DPCA en todos los escenarios contemplados.
Los resultados del estudio arrojan datos importantes para la planificación de nuestro tratamiento y que estamos poniendo en conocimiento de las diferentes Administraciones
Sanitaria de las diferentes Comunidades Autónomas para ayudarles en sus Estrategias de afrontamiento a la Enfermedad Renal Crónica. El tratamiento de nuestra patología supone más del 2,5 % del gasto total sanitario para sólo el 0,1% de la población atendida. La población renal en edad laboral supone casi el 50% del total con un alto coste social. Se ha evidenciado que el porcentaje de pacientes ocupados entre los que reciben TRS es significativamente inferior (33,3 %) al del conjunto de la población española para el mismo año de referencia (60,62 %), pues se sitúa en niveles similares al de las personas con discapacidad física (31,1 %) o al de los enfermos del sistema digestivo, metabólico y endocrino (32,5 %). También se ha podido comprobar que existen diferencias entre
las distintas modalidades respecto al desempeño de una actividad laboral remunerada: los pacientes en TX, DPA y, en menor medida, en DPCA presentaron una mayor proporción de sujetos ocupados (39,0 %, 47,8 % y 28,1 %, respectivamente) que los pacientes en HD
(21,7 %). Más aún, estas diferencias entre DP y HD se mantenían controlando el efecto de variables estrechamente relacionadas con la situación laboral, como son el sexo de los pacientes, su edad y el tiempo en tratamiento.
El TX y, en especial, la DPA son las opciones de TRS con menor impacto en costes
indirectos asociados a morbilidad, presentando mayores tasas de ocupación y requiriendo menores recursos de prestaciones por incapacidad laboral. Con el propósito de presentar estrategias factibles y razonables para su gestión, resulta preciso conocer en detalle los recursos implicados en ella, de tal forma que se cuantifiquen y valoren los potenciales beneficios obtenidos con diferentes estrategias. Es sin duda en estos apartados donde
los estudios de análisis económico y costes pueden ayudar a tomar decisiones
razonadas (y racionales) a los responsables sanitarios. Con esta finalidad, este trabajo aporta información sobre los costes sociales asociados a la morbilidad en el grupo de pacientes
con IRC que requieren TRS y que, no lo olvidemos, son los que presentan mayor riesgo asociado y un mayor consumo de recursos a pesar de la limitada proporción que representan.
Aunque sin duda se trata de la revisión de un único aspecto dentro de las consecuencias
personales y sociales que supone la enfermedad, este análisis ha permitido reflejar que, también desde esta óptica, la IRC implica una pérdida importante de productividad laboral.
Debe señalarse que, debido al diseño transversal del estudio, no se ha podido evidenciar si las modalidades de DP son las que favorecen que los pacientes se mantengan ocupados o si
son los pacientes activos con trabajo los que prefieren estas alternativas de diálisis porque les permiten una mayor autonomía. Esta relación entre una mayor autonomía personal, el bienestar físico de los pacientes y el mantenimiento del empleo sí ha sido evidenciada, por lo que parece razonable plantearse que aquellas estrategias que las posibiliten (bien sea DPA, DPCA o HD domiciliaria) implicarán una menor pérdida de productividad.
Así, lejos de considerar las modalidades de TRS como compartimentos estancos por los que el paciente debe ir pasando, la planificación del tratamiento debería centrarse en el paciente
en su totalidad, teniendo en cuenta el mayor número de opciones posibles en cada momento de acuerdo con su estado de salud particular y con un horizonte temporal a largo plazo. Los datos de este estudio sugieren que, para aquellos pacientes en edad laboral en particular pero para todo paciente en general, es necesario facilitarle un proceso educativo para que conozcan las opciones de TRS y sus peculiaridades, para que puedan mantener una vida
sociolaboral activa y ello debe ofrecerse planificando Estrategias de abordaje a la Enfermedad Renal Crónica por parte de las Administraciones Sanitarias.
La detección de la enfermedad renal crónica avanzada supone un alto impacto emocional no sólo para el paciente afectado sino también para en su entorno familiar y social. Las asociaciones de pacientes conocemos muy bien que ese impacto origina a su vez
una serie de desajustes en la vida social y laboral del paciente, que por primera se han cuantificado y que determinan hasta qué punto las diferentes opciones de tratamiento renal sustitutivo intervienen y cuál es su peso económico.
Todos sabemos que la mejor opción hoy en día de tratamiento renal sustitutivo (TRS) es el trasplante y que su eficiencia es también la mayor. También intuimos que el coste social de
esta opción es el menor, pero también es cierto que la mayoría de los pacientes incidentes (los que entran cada año en TRS) no pueden optar a éste por motivos exclusivamente clínicos
(contraindicaciones médicas).
En estos tiempos de crisis es habitual que se pongan sobre la mesa los costes sanitarios de los tratamientos y la manera de hacer sostenible la atención al paciente crónico con una adecuada calidad en el mismo, pero no se determinan habitualmente los costes sociales que tiene el tratamiento y la manera de optimizarlos. La tendencia de las administraciones sanitarias ha sido recortar los costes más evidentes, comprometiendo la calidad de lostratamientos en el futuro. Sin embargo no se tienen en cuenta determinados aspectos de coste social que pueden determinar una sostenibilidad en el futuro. La rehabilitación laboral es un apartado que se nos antoja fundamental en este momento. Determinar qué opciones predisponen a una mejor rehabilitación laboral del paciente renal crónico, qué factores influyen
en el mantenimiento de un puesto de trabajo en el inicio en diálisis o trasplante y cuantificar el coste que supone para el sistema público la pérdida de productividad laboral (CPPL) o los
años de vida laboral potencialmente perdidos hasta la jubilación (AVLP), son variables que hemos estudiado en un reciente estudio de nuestra Fundación Renal ALCER y que han sido publicados en la Revista de la Sociedad Española de Nefrología (Volumen 33, nº 3, 2013).
El objetivo fue comparar los costes indirectospor morbilidad en TRS: hemodiálisis (HD) en centro especializado, diálisis peritoneal automatizada (DPA), diálisis peritoneal manual (DPCA) y trasplante renal (TX). Para estimar los costes se utilizó la encuesta realizada
por nuestra Fundación acerca de las situación laboral de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo y publicada también en la Revista de Nefrología (Volumen 32, nº 4, 2012).No se encontraron diferencias significativas en edad o sexo entre grupos. El CPPL (2009) en HD (6.547 €) fue significativamente mayor (p < 0,001) que en TX (5.079 € )o DPA (4.359 € ),
pero no que en DPCA (5.785 €). Los AVLP fueron: HD 12,58 años; TX 10,05 Las partidas medias del CPPL total también fueron más altas en la HD que en el TX, la DPA o la DPCA en todos los escenarios contemplados.
Los resultados del estudio arrojan datos importantes para la planificación de nuestro tratamiento y que estamos poniendo en conocimiento de las diferentes Administraciones
Sanitaria de las diferentes Comunidades Autónomas para ayudarles en sus Estrategias de afrontamiento a la Enfermedad Renal Crónica. El tratamiento de nuestra patología supone más del 2,5 % del gasto total sanitario para sólo el 0,1% de la población atendida. La población renal en edad laboral supone casi el 50% del total con un alto coste social. Se ha evidenciado que el porcentaje de pacientes ocupados entre los que reciben TRS es significativamente inferior (33,3 %) al del conjunto de la población española para el mismo año de referencia (60,62 %), pues se sitúa en niveles similares al de las personas con discapacidad física (31,1 %) o al de los enfermos del sistema digestivo, metabólico y endocrino (32,5 %). También se ha podido comprobar que existen diferencias entre
las distintas modalidades respecto al desempeño de una actividad laboral remunerada: los pacientes en TX, DPA y, en menor medida, en DPCA presentaron una mayor proporción de sujetos ocupados (39,0 %, 47,8 % y 28,1 %, respectivamente) que los pacientes en HD
(21,7 %). Más aún, estas diferencias entre DP y HD se mantenían controlando el efecto de variables estrechamente relacionadas con la situación laboral, como son el sexo de los pacientes, su edad y el tiempo en tratamiento.El TX y, en especial, la DPA son las opciones de TRS con menor impacto en costes
indirectos asociados a morbilidad, presentando mayores tasas de ocupación y requiriendo menores recursos de prestaciones por incapacidad laboral. Con el propósito de presentar estrategias factibles y razonables para su gestión, resulta preciso conocer en detalle los recursos implicados en ella, de tal forma que se cuantifiquen y valoren los potenciales beneficios obtenidos con diferentes estrategias. Es sin duda en estos apartados donde
los estudios de análisis económico y costes pueden ayudar a tomar decisiones
razonadas (y racionales) a los responsables sanitarios. Con esta finalidad, este trabajo aporta información sobre los costes sociales asociados a la morbilidad en el grupo de pacientes
con IRC que requieren TRS y que, no lo olvidemos, son los que presentan mayor riesgo asociado y un mayor consumo de recursos a pesar de la limitada proporción que representan.
Aunque sin duda se trata de la revisión de un único aspecto dentro de las consecuencias
personales y sociales que supone la enfermedad, este análisis ha permitido reflejar que, también desde esta óptica, la IRC implica una pérdida importante de productividad laboral.
Debe señalarse que, debido al diseño transversal del estudio, no se ha podido evidenciar si las modalidades de DP son las que favorecen que los pacientes se mantengan ocupados o si
son los pacientes activos con trabajo los que prefieren estas alternativas de diálisis porque les permiten una mayor autonomía. Esta relación entre una mayor autonomía personal, el bienestar físico de los pacientes y el mantenimiento del empleo sí ha sido evidenciada, por lo que parece razonable plantearse que aquellas estrategias que las posibiliten (bien sea DPA, DPCA o HD domiciliaria) implicarán una menor pérdida de productividad.
Así, lejos de considerar las modalidades de TRS como compartimentos estancos por los que el paciente debe ir pasando, la planificación del tratamiento debería centrarse en el paciente
en su totalidad, teniendo en cuenta el mayor número de opciones posibles en cada momento de acuerdo con su estado de salud particular y con un horizonte temporal a largo plazo. Los datos de este estudio sugieren que, para aquellos pacientes en edad laboral en particular pero para todo paciente en general, es necesario facilitarle un proceso educativo para que conozcan las opciones de TRS y sus peculiaridades, para que puedan mantener una vida
sociolaboral activa y ello debe ofrecerse planificando Estrategias de abordaje a la Enfermedad Renal Crónica por parte de las Administraciones Sanitarias.
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